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Desde hace mucho tiempo Canadá ha sido considerada como un país de paz, libertad y oportunidades. Esa libertad ha incluido la oportunidad de formar una familia, y transmitir nuestros valores y creencias a nuestros hijos. Muchos suponen que esto sigue siendo así, pero esa suposición puede ser demasiado optimista.
En 1948, el mundo empezaba a recuperarse de los dos conflictos más terribles de la historia moderna. Aún estaba fresco el recuerdo del terror, no solo impuesto por el enemigo, sino también por la policía secreta, que imponía el control del pensamiento a sus poblaciones. Ya fuera por las SS de Hitler (la Schutzstaffel o Escuadrón de protección), o por la temida NKVD de Stalin (Naródnyy komissariát vnútrennikh o Comisariado del pueblo para asuntos internos). Nadie, bajo esos regímenes, se sentía seguro. Las escuelas se convirtieron en lugares donde el partido gobernante imponía sus valores y filosofías a los alumnos, convirtiendo a menudo a los niños en traidores de sus propios padres.
Con ese horror en mente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1948 la Resolución 217A, también conocida como La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus autores habían experimentado, o eran profundamente conscientes, de cómo los regímenes totalitarios habían utilizado las escuelas para lavar el cerebro a los niños, y hacerles aceptar filosofías y creencias diametralmente opuestas a las creencias culturales y religiosas de sus padres y abuelos. La resolución pretendía garantizar que las escuelas, nunca más, pudieran utilizarse para lavar el cerebro a los niños, en contra de quienes los habían criado.
Mostrándose fundamentalmente de acuerdo con su contenido, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos firmaron la resolución. Dos cláusulas son especialmente notables, considerando a la familia y la educación de los hijos:
“La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado (Artículo 16.3)…
Los padres tienen el derecho primordial de elegir la clase de educación que se impartirá a sus hijos (Artículo 26.3)”.
Aunque nuestras naciones estuvieron de acuerdo con esas declaraciones, ahora nos encontramos con que muchos sistemas escolares violan abiertamente esos principios. No solo las escuelas están abandonando un sólido plan de estudios, basado en el conocimiento; sino que en la última década, las escuelas se han convertido a menudo en herramientas para el activismo social, tratando de moldear las mentes de los niños, para que acepten y promuevan ideas y filosofías que a menudo son contrarias a lo que se les ha enseñado en casa.
Cabe preguntarse: ¿Adónde nos ha llevado todo esto? Un artículo reciente, publicado en el periódico canadiense: National Post, se refería a un “cambio sísmico”, que en los últimos años se ha producido en las escuelas canadienses:
“‘A los niños se les ha enseñado a mentir a sus padres’, dijo una madre de Calgary, a cuyo grupo de sexto grado un profesor les dijo que la identidad de sexo de un compañero debía ocultarse a los padres del alumno. En otro caso, una madre de Toronto denunció que, el colegio a su hijo le había cambiado el nombre y los pronombres sin consultarle” (NP View: Las escuelas pisotean los derechos de los padres en nombre de la decisión de la identidad de sexo, 14 de enero del 2023).
Continúa el artículo implicando a la Agencia de Salud Pública de Canadá en esa campaña de violación de los derechos de los padres:
“La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés), también les aconseja a los centros escolares que pongan en marcha un ‘procedimiento sencillo y de ventanilla única’, para que los estudiantes puedan cambiar su nombre y sexo en los expedientes académicos oficiales, y que no ‘hablen con nadie sobre su identidad, incluyendo a sus padres o tutores, a quienes todavía no les haya revelado su identidad de sexo’. Por otro lado, se le dice al personal que ‘hable con los estudiantes de la posibilidad de rechazo, acoso, abuso verbal, abuso físico y abuso sexual’”.
Las autoridades sanitarias, o los sistemas escolares, que adoptan políticas por defecto para ocultar a los padres parte de la información más sensible y vital sobre sus propios hijos, están traicionando la confianza que los padres han depositado en ellos, y violando la Declaración de la ONU de la cual la nación es signataria.
El mismo artículo cuenta la historia de un padre, que se horrorizó al enterarse de que a su hija, quien se identificaba como chico en el colegio, le habían asignado en un hotel, durante una excursión, una habitación con tres varones. En ese caso, el padre se enteró y el problema se resolvió. También se menciona el hecho preocupante, de que si los padres ejercen su derecho a que un niño sea eximido de las lecciones de educación sexual; las escuelas pueden, no obstante, incluir al estudiante en eventos como las semanas de: “Esplendor de sexo”; donde los oradores invitados, sin el conocimiento de los padres, cuestionan las ideas bíblicas sobre la identidad y la conducta sexual humana.
El Director ejecutivo, John Hilton-O'Brien, de la organización con sede en Alberta: Parents for Choice in Education (Padres por la libertad de elección en la educación), para la protección de los derechos de los padres, comenta quién está realmente detrás de esas decisiones para los estudiantes:
“Cuando alguien nos presenta a su gato vegano, ¡todos sabemos quién toma las decisiones!... Cuando un adulto. que no es el padre o la madre, fomenta la sexualidad alternativa en un menor, al tiempo que le anima a no contárselo a sus padres, ¡saltan las alarmas! Esto está ocurriendo ahora mismo en Alberta. La clínica de identidad de sexo Metta, de Calgary, está aceptando casos de niños de hasta cinco años remitidos por profesores; y los padres no tienen por qué estar al tanto. De hecho, la Agencia de Salud Pública de Canadá insta a los profesores a no ‘delatar’ a esos niños con sus padres” (La clínica de sexo de Alberta se nos escapa de las manos, ParentChoice.ca, 19 de enero del 2023).
Es sorprendente ver, cómo se permite que varias formas de activismo social, impulsadas ideológicamente, destruyan siglos de derechos de los padres que, de hecho, están consagrados en la ley.
Además de la Declaración de los derechos humanos de la ONU, la mayoría de los países occidentales han firmado el Pacto internacional de derechos civiles y políticos. El gobierno canadiense lo firmó en 1976, y el de Estados Unidos lo hizo en 1992, convirtiéndolo en ley en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución. Este garantiza la protección de la familia, así como el derecho de los padres a enseñar sus convicciones religiosas y morales:
“Los estados participantes en el presente pacto, se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (artículo 18.4).
¿Cómo es posible, entonces, que se les permita a grupos de activistas usurpar los derechos de los padres a criar e influir en sus hijos, y a elegir el tipo de educación que recibirán?
¿Qué se les está enseñando a nuestros hijos? Tenemos el derecho de saber, y el derecho de tomar las decisiones correctas y valientes para nuestros hijos, decisiones que incluyen criarlos en una forma de vida basada en los valores bíblicos, que durante mucho tiempo sobrevivirán a la actual locura social.